¿Rentabilidad o seguridad social? El verdadero dilema de la salud en Colombia

Resumen

Al cumplir once años de aprobada la Ley 100 por parte del Congreso de la República, es propicio hacer un balance y un examen de su impacto en la salud de los colombianos. Es el momento oportuno para tomar decisiones que reorienten el rumbo extraviado de la salud y los principios de una política social inspirada en la visión de un ser humano solidario y humanista, tan necesaria en un país de inmensas desigualdades económicas y extremos niveles de pobreza y desempleo y con un 33% de la población sumida en la miseria y, por ende, en la incapacidad de satisfacer sus necesidades básicas.

Si examinamos los resultados en cuanto a cobertura, calidad de servicio, eficiencia y transparencia del sistema, humanización de los servicios, control y vigilancia por parte del Estado, indicadores de salud, niveles de promoción y prevención, índice de cáncer en el país, tasa de mortalidad materna, estado de la red pública hospitalaria, nivel de la calidad de la educación médica, la ley no pasa la prueba más importante de ley alguna: la prueba del tiempo. El resultado es unánime, su fracaso es inocultable, lo que explica el consenso sobre la necesidad de su reforma aunque no sobre la naturaleza de ésta.

El fracaso en la cobertura —primera condición de equidad— asimilada equívocamente a la carnetización o aseguramiento es incuestionable. Los cálculos más optimistas de cobertura no pasan del 54%, y esto a pesar del presupuesto oficial sin antecedente histórico en nuestro país: 10% del PIB, alrededor de 17 billones de pesos para el año 2002. Este dinero simplemente no llega a la salud de la población porque se desvía hacia las arcas de los grupos económicos —los grandes beneficiados de la ley— y se refleja en el aumento astronómico de sus patrimonios con lo que se coloca a la seguridad social como uno de los negocios más lucrativos en nuestra economía. Asimismo, se desvían miles de millones de pesos del régimen subsidiado de salud hacia las arcas de alcaldes y políticos corruptos en alianzas con grupos armados ilegales, hecho que sólo ahora se empieza a reconocer. Triste paradoja, que el dinero de la salud de los pobres termine financiando el conflicto que los ha desalojado de su tierra, la cual les brindaba la única oportunidad de conseguir su sustento. Esta es una confirmación más de que la salud promovida por el ánimo de lucro y de que los enfermos convertidos en clientes de un gran mercado forman un sustrato propicio para la corrupción, la especulación financiera y el lucro desmedido, ignorando así la realidad social de la población: la salud como derecho humano y social fundamental que debe ser garantizado por el Estado a todos los ciudadanos sin distingo de razas, ni ideas, ni credos, y la vocación de un estado social de derecho.